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Chambira: petróleo, despojo y muerte lenta en la Amazonía
Los derrames de petróleo en distintos ríos de Loreto (Marañón, Corrientes, Tigres, y ahora Chambira), norte de la Amazonía peruana, tienen una larga historia de más de cuarenta años bajo responsabilidad de diversas empresas extranjeras, PETROPERÚ, el Estado peruano y, en los 10 últimos años, la corporación argentina PLUSPETROL NORTE S.A. Estos “accidentes” han significado la destrucción de ecosistemas, biodiversidad y el paulatino deterioro de la salud de las comunidades nativas que viven en las riveras de los ríos afectados.Al reciente derrame ocurrido en Junio del 2010, donde se vertieron en el río Marañón más de 300 barriles de crudo, le ha seguido un último derrame en el Río Chambira, afluente de este último, ocurrido el 16 de enero del 2011, donde se expandieron más de 400barriles de crudo a pocos metros del río. Las poblaciones ribereñas afectadas directamente (etnias Kukama y Urarina, grupos humanos para quienes lo ríos ocupan un lugar importante en sus cosmovisiones) continúan viendo cómo cada vez más sus seres queridos se enferman como consecuencia de la continua acumulación de metales pesados (plomo, cadmio, etc ) en las aguas que beben de los ríos y su principal actividad, la pesca, cargada de valor simbólico y no solo de subsistencia material, va siendo transformada al desaparecer los peces y otras especies que anteriormente abundaban y que hicieron considerar al Amazonas como una de las zonas del planeta más ricas en biodiversidad.
Así, este sería sólo un caso más del avance de las industrias extractivas en estas regiones del planeta. El desarrollismo, promovido desde el Estado y los grupos de poder económico, solo antepone la lógica del mercado y la ganancia sobre la vida y cultura de los pueblos originarios. Actúa con horizontes temporales a corto plazo. No incluye entre sus “costos” el daño social y ambiental que a mediano y largo plazo genera. En el mejor de los casos, únicamente valoriza en términos monetarios muy bajos la depredación y la producción de desechos que trae consigo.
Sin embargo, ¿es posible valorizar en términos monetarios la lengua, la cosmovisión y el conocimiento tradicional de los pueblos? ¿Qué precio tienen?¿Qué precio puede darse a todo lo que significa un río en sus tradiciones y vida cotidiana?
Afiche en solidaridad con los compas de Chile
Crónica de la movilización y fotos
http://propagandayataque.wordpress.com/2011/03/11/solidaridad-con-lxs-presxs-en-hile/
Movilización en apoyo a lxs presxs politicxs en Chile.
CHILE: Compañerxs secuestradxs por el «caso bombas» inician huelga de hambre
Adhieren a la huelga:
Andrea Macarena Urzúa Cid
Camilo Nelson Pérez Tamayo
Carlos Luis Riveros Luttgue
Felipe Guerra Guajardo
Francisco Solar Domínguez
Mónica Andrea Caballero Sepúlveda
Pablo Hernán Morales Führimann
Rodolfo Luis Retamales Leiva
El 14 de Agosto de 2010 el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Metropolitana Sur emana una serie de órdenes de detención y allanamientos, aplicando todo el terror Policial a casas particulares y centros culturales, que arroja la detención de 14 personas en esta razia represiva y comunicacional, conocida mediáticamente como «caso bombas». Todos acusados de pertenecer a una supuesta asociación ilícita terrorista creada en la irracional mente de algunos «profesionales del derecho» y que hoy nos mantienen tras las rejas.
Aproximadamente hace cinco años se inicia la investigación del mediático «caso bombas». Así durante el gobierno de Bachelet, el estado destinó tres fiscales con dedicación exclusiva con el objeto de esclarecer la autoría de cada uno de los bombazos colocados a estructuras financieras, policiales, de servicio público u otras. En este tiempo se recopilaron más de 43 tomos con datos aportados por fuentes policiales, peritos criminalísticos, testigos protegidos, declaraciones, vigilancia a hogares, seguimientos a sospechosos y su entorno familiar, intervenciones telefónicas y allanamientos a hogares y bibliotecas populares (todos ellos los mismos lugares en que irrumpió la policía la madrugada del 14 de Agosto de 2010).
Con todo este material ningún fiscal ni juez tomó la decisión de encarcelar a nadie. La evidencia aportada no es suficiente, es difusa y no permite identificar a los responsables de la colocación de bombas. Incluso el fiscal Xavier Armendáriz declara ante las ansias de resultados por parte del Ministerio del Interior de la época que «…es necesario actuar con cautela investigativa ante lo débil de las pruebas…» más aún cuando los «…autores de los bombazos no integran células violentistas propiamente tal, sino que se trata de grupúsculos sin orgánica, ni cabecillas…» (Emol 27 noviembre 2009).
Toda esta manera de actuar en derecho cambia el 14 de Junio de 2010 al ser removido de su cargo Armendáriz, producto de presiones de Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter hacia el fiscal Nacional Sabas Chahuán. Así entra en escena el fiscal Alejandro Peña, descrito por el diario La Tercera como «…una paradoja ambulante, la que resulta de la fusión en un solo ser de la burocracia judicial y policial con la fantasía de un prestidigitador». Con esta presentación el montaje comienza.
El fiscal desarrolla una nueva estrategia sin reparar en los costos humanos que este accionar conlleve. Si antes los fiscales que le precedieron no pudieron reconocer, ni identificar orgánicas definidas, el fiscal se preocupó de inventarlas y buscar por todos los medios hacer que las piezas calzaran en su nueva «línea investigativa». Estructurar la famosa asociación ilícita con cabecillas los cuales no se hablaban en años; ejecutores que ni se conocían y lo más gracioso financistas europeos!!, como si 950 euros enviados en una ocasión a uno de los imputados fuera una gran remesa para acciones subversivas (casas de seguridad, autos, armas, documentación falsa, etc. ). Cuanta imaginación de este personaje, incluso inventaron nexos entre uno de los supuestos cabecillas con el paquistaní detenido en la Embajada de Estados Unidos por supuestas trazas de TNT y posteriormente puesto en libertad a pocas semanas.
Finalmente la fantasía ayuda a la planificación de esta «novedosa estrategia», sobre todo con la campaña mediática, informativa y comunicacional desplegada por los medios oficiales de la información que comienzan a entregar datos de los supuestos sospechosos de colocación de artefactos explosivos, lugares que frecuentan, perfiles de supuestos líderes, etc. Los dardos apuntan a personas vinculadas a espacios sociales, canales y radios comunitarias, estudiantes que adscriben a ideas libertarias, ex presos políticos y todos reconocidos críticos del modelo neoliberal y solidarios con la lucha de los pueblos, en especial con la llevada a cabo por el mapuche en su anhelo por mantener su identidad, cosmovisión y territorio. No se persiguen actos si no ideas, relaciones de amistad, bibliotecas autónomas, casas okupas y espacios de cultura, arte y de encuentro comunitario.
Una vez diseñado el escenario teatral, sus protagonistas y correspondientes características físicas y psicológicas, con la opinión pública perfectamente moldeada, el golpe represivo se desata; para entonces habían transcurridos 2 meses desde que asume como director del montaje jurídico policial Alejandro Peña. Con las mismas carpetas, los mismos diálogos, lugares, actores y un remozado guión incriminatorio el espectacular operativo copa los canales televisivos la mañana del 14 de Agosto de 2010.
Luego de nuestra detención la fiscalía solicitó tres días para formalizarnos de los hechos acusatorios, situación que en la práctica debiera realizarse el mismo día de nuestro arresto. Posteriormente solicita un plazo de 180 días (6 meses) de prisión preventiva hasta el cierre de la investigación, plazo que finalizó el 14 de Febrero de 2011, día en que se nos notifica que la fiscalía nos someterá a una nueva formalización el 16 de Marzo de 2011, todo esto enrarece aún más este juicio. Nada nos dice que Alejandro Peña solicite 6 meses más como plazo para armar su puzle policial. En estos largos meses no sólo hemos permanecido 22 horas diarias en celdas individuales de 2 x 3 metros, visitas 1 vez a la semana con nuestros familiares durante tres horas en reducidos espacios sin luz natural, sino que también hemos vivido en carne propia la tortura de los funcionarios del estado. Como muestra de lo ocurrido, el 8 de octubre de 2010 profesionales del Servicio Médico Legal más agentes de LABOCAR, DIPOLCAR y gendarmes extrajeron violentamente muestras de ADN a cada uno de los imputados, para ser contrastadas con las muestras recogidas en los lugares de los bombazos. Esta «prueba científica» no arrojó ninguna relación entre nosotros y lo hallado en los lugares de los sucesos.
Por otro lado, somos testigos de cómo las evidencias almacenadas en las carpetas investigativas sólo se afirman en conjeturas policiales basadas en amistades, lazos familiares o concurrencia a marchas públicas, actividades político culturales y tocatas; y aún así en este continuo supuesto, cabe señalar que entre todos los imputados no nos conocíamos hasta el día de nuestra detención, por lo que es imposible que conformemos alguna supuesta «asociación terrorista», menos aún una organización.
Cabe señalar que en ninguno de los allanamientos realizados se encontró ningún tipo de evidencias ni material para la fabricación de artefactos explosivos, tampoco existen pruebas dactilares o filmográficas que inculpen a ninguno de los imputados.
Ante los vicios y aberraciones judiciales, carpetas secretas, intervenciones telefónicas a nuestros abogados, la continua utilización de testigos protegidos con antecedentes psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y Gustavo Fuentes Aliaga y por todo lo anteriormente expuesto hemos decidido comenzar una huelga de hambre de carácter líquida desde las 00:00 horas del 21 de Febrero de 2011 exigiendo:
1.- LIBERTAD INMEDIATA
2.- TÉRMINO DEL MONTAJE JURÍDICO POLICIAL
3.- FIN A LA LEY ANTITERRORISTA HEREDADA DE LA DICTADURA Y PERFECCIONADA POR LA DEMOCRACIA
4.- FIN A LOS PLAZOS INVESTIGATIVOS Y REALIZACIÓN INMEDIATA DE UN JUICIO JUSTO.
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS POLÍTICXS CHILENXS Y MAPUCHE!!!
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Comunicado desde la Sección de Alta Seguridad (Centro Penitenciario Femenino):
Relaciones de amistad o afecto son transformadas, mutadas a una estructura jerárquica. Muchxs de lxs imputadxs ni siquiera se conocen(ían).
¿Quién diría que la idea de intentar vivir sin la reproducción del poder nos llevaría a ser juzgadxs de pertenecer a una Asociación Ilícita?… Los ilustres funcionarixs policiales declaran que las casas okupadas eran utilizadas como centros conspirativos donde se fabricaban bombas; nada dicen de las bibliotecas para todx aquel que tuviese interés y compromiso solidario. Hoy muchos de esos libros son una más de las “tantas pruebas”.
La Fiscalía cuenta con pruebas orgánicas encontradas en los lugares donde se efectuaron algunos atentados, una de las cartas maestras sería la certeza de las pruebas científicas, otro tiro por la culata de los opresores: de todas las pruebas biológicas ninguna posee incidencia con lxs imputadxs del 14-A. Todas las muestras de ADN fueron extraídas a la fuerza por funcionarixs de Gendarmería y Carabineros.
Las artimañas de la Fiscalía reúnen desde absurdos vínculos como por ejemplo el “Caso Pakistaní” hasta la complicidad de los medios de comunicación masivos, los cuales desde hace varios años cimentaban el discurso antiterrorista, así montaron el escenario para la cacería de aquel 14 de Agosto. A pesar de llevar una investigación de más de cinco años, los acusadores piden 180 días de prisión preventiva argumentando necesitar una investigación más exhaustiva, ya que no bastaba con el testimonio de Gustavo Fuentes Aliaga. Lo normal en un debido proceso es que la Defensa cuente con la carpeta investigativa en los días posteriores a la formalización de cargos, dentro del “Caso Bombas” dicha carpeta llegó a la Defensa a los casi 3 meses de encierro y además incompleta. Recién a los más de 170 días de prisión la Fiscalía entrega las “páginas secretas”.
No ha existido pudor en entrometerse en la vida íntima de lxs acusadxs, desde amedrentamiento a niños pequeños hasta cientos de escuchas telefónicas que sólo prueban lazos afectivos entre lxs co-imputadxs.
En el interior de este penal (CPF) nos hemos visto enfrentadas a distintos tipos de interrogatorios -formales e informales- por parte de distintxs funcionarixs de Gendarmería: vigilantes, sociólogos-criminólogos, asistentes sociales, etc. Lxs cuales buscaban alguna declaración y/o el perfil delictual adecuado. Revelamos esta información no con un sentido victimista, sino para prevenir a lxs que se puedan ver en una situación similar, el poder ocupa(rá) todos sus tentáculos para prolongar el encierro. Hostigamiento que repercute en todxs nuestrxs hermanxs, amigxs, compañerxs, familia de orgullosxs insumisxs, que jamás han agachado la cabeza ante ningún carcelerx.
Se nos pretende procesar por una ley heredada de la Dictadura, que posee entre unos de sus atributos a lxs testigos ocultos, quienes según lo visto en los procesos judiciales del pueblo mapuche pueden ser civiles o militares. Además, esta ley condena delitos comunes subiendo su penalidad. Para poder levantar la prisión preventiva por otras medidas cautelares no basta sólo con la decisión del juzgado, ya que si la Fiscalía y demases acusadores apelan a esta decisión en el órgano superior (corte de apelaciones) se necesita unanimidad de votos, a diferencia de cualquier otro delito que sólo necesita una mayoría simple, otra trampa más dentro de esta telaraña judicial.
Los golpes no sólo llegan a lxs secuestradxs de aquel 14 de Agosto, sino a quienes intenten cuestionar el actual estado policial: castigo ejemplificador para cualquier indócil.
Es por todo esto que hoy Lunes 21 de Febrero, cumpliéndose ya los plazos investigativos (más de 180 días) comenzamos una movilización con características de Huelga de Hambre Líquida indefinida. Utilizamos nuestro cuerpo como medio de exigencia de:
1. Libertad Inmediata a todxs lxs imputadxs del 14 de Agosto. Ni un plazo más. Juicio Ahora.
2. Fin a la Ley Antiterrorista. No más testigos ocultos, no más votación unánime.
3. Traslado y mejoras carcelarias.
Estas últimas líneas van para ustedes, compañerxs: no dejemos espacio para el olvido, esto no comenzó el 14 de Agosto ni terminará con nosotrxs. Ninguna acción tendría sentido si quedara en estas frías paredes, los tiempos son complejos, esperamos mantenernos a la altura de la situación. Que vuestra imaginación vuele y se transforme en acción al igual que estas palabras.
Andrea Urzúa Cid, Prisionera Política Libertaria.
Sección de Alta Seguridad (SEAS).
Centro Penitenciario Femenino.
Santiasko, $hile,
21 de Febrero de 2011.
Martha Chávez sigue defendiendo a los Colina
Lejos de hacer un mea culpa por los errores y excesos que cometió Alberto Fujimori durante sus 11 años de gobierno; Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada, coincidieron en que el ex mandatario necesita un “un juicio justo”.
Pero lo sorprendente fue escuchar a Chávez seguir apoyando la amnistía para aquellas que lucharon contra el terrorismo, incluso si en ese grupo comprende a los militares miembros del grupo Colina, sentenciados crímenes de lesa humanidad.
“Defiendo la amnistía de acuerdo al artículo 4 de Convención Interamericana de Derechos Humanos (…) No me interesa si estaban los Colina, es una medida general lo de la amnistía”, señaló la ex congresista fujimorista.
“Me interan más que en mi gobierno, los casos de Derechos humanos, que eran miles, se acabara durante el gobierno de Alberto Fujimori gracias a la política muy clara de comprender a la población en esa guerra (contra el terrorismo) y como toda guerra hay aspectos sucios”, agregó
Por otro lado, Luz Salgado, restó importancia al caso de Gina Pacheco y dijo que “estaba mal asesorada”. “En una entrevista se muestra la falta de experiencia. En medios y política uno tiene que tener correa ancha”.
Diario La República informa sobre NAZI en la lista Fujimorista
Tapia encubrió a asesino ‘Camión’
Fujinazi. Fuerza 2011 saca de lista a candidato que defendió a homicida de periodista Jaime Ayala. Defenestración de abogado Sergio Tapia está relacionada con su defensa del prófugo Álvaro Artaza y su vinculación con agrupaciones neonazis.
Por Ángel Páez
Sergio Tapia Tapia, vinculado a grupos nazistas, resultó para el fujimorismo un candidato impresentable, y eso motivó que ayer terminara siendo retirado de la lista de aspirantes al Congreso de Fuerza 2011.
Cuando se le preguntó sobre el caso del capitán de corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén, a quien defendió apenas la justicia lo acusó por el asesinato del periodista de La República Jaime Ayala Sulca y de 50 personas en Huanta, con asombrosa sangre fría Tapia Tapia afirmó que el “Comandante Camión” era inocente porque no se había logrado demostrar su responsabilidad. Nada más falso.
Las autoridades judiciales no pudieron procesar ni condenar al ex jefe del destacamento de la Marina en Huanta porque “desapareció”, supuestamente víctima de un secuestro jamás esclarecido. La historia es otra.
La Marina y Tapia, en un intento por sustraer del fuero común a Artaza, buscaron que la justicia castrense interpusiera una demanda de competencia para enjuiciar al “Comandante Camión” por supuestos “delitos de función”. El 24 de enero de 1986, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó la pretensión del tribunal militar y resolvió que la corte de Ayacucho continuara con el juicio.
Todo indicaba que Artaza iría directamente a la cárcel mientras esperaba el resultado del proceso por el asesinato de Jaime Ayala, desaparecido el 2 de agosto de 1984 al ingresar en la base de la Marina en Huanta jefaturada por “Camión”. Pero cuando los jueces pidieron a la institución naval poner a disposición a Artaza, el director de Personal, vicealmirante AP Julio Zapata Martínez, comunicó que el oficial se hizo humo el 6 de febrero de 1986. Por supuesto, como lo revelan documentos que publica La República, no se trataba de una coincidencia.
El 30 de enero de 1986, seis días después de que la Corte Suprema desestimó que la justicia militar ventilara el caso “Camión”, éste registró en la notaría Manuel Forero un mandato a nombre de su abogado Sergio Tapia para que a su nombre suscribiera contratos, efectuara adquisiciones, hiciera cobros de dinero, abriera o cerrara cuentas, entre otras amplias facultades. Todo indicaba que “Camión” se preparaba para el gran escape.
En efecto, según documentos, Tapia esperó que su cliente Artaza “desapareciera” el 6 de febrero de 1986 –aunque la familia del oficial naval dice que ‘murió’ el 2 de febrero de 1986–, pues recién el 18 de febrero de 1986 inscribió en Registros Públicos el mandato que le otorgó el “finado” “Camión”.
Varios testigos, entre ellos ex marinos, declararon ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación que Artaza fue autor del secuestro y asesinato de Jaime Ayala y estuvo en la matanza de 50 ayacuchanos, cuyos cuerpos aparecieron en la fosa de Pucayacu.
«Compromiso con la impunidad»
“Yo no he sido abogado de ningún violador de derechos humanos”, dijo Sergio Tapia al programa La Hora N: “(Artaza) no tiene sentencia condenatoria”. Tapia no respondió a las llamadas de este diario y tampoco lo encontró en su casa.
Karim Ninaquispe, abogada de la familia de Jaime Ayala, señaló que los documentos de Registros Públicos demuestran “el propósito de Tapia de encubrir a Artaza, lo que responde a un compromiso con la impunidad”.
afael Rey, quien fue el que promovió la inclusión de Sergio Tapia en la lista de candidatos de Fuerza 2011, afirmó que la expectoración del abogado “no tiene nada que ver con su desempeño personal o profesional”.
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